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Escuchá el programa del 28/01/2012

◘ Personaje: José "el piojo" Yudica. Compartimos la vasta historia del jugador que tanto le brindó al fútbol argentino.

◘ Sueños de pelota entrevistó a Yudica, gran primor de nuestro fútbol que no tiene el reconocimiento que su extensa trayectoria merece.

◘ En el país de los paraísos fiscales, hay uno que se hace la panzada: conocé la historia del Neuchatel el club suizo que es manejado por Bulat Chagaev un multimillonario checheno que deja mucho que desear.

El sostenimiento del Estado a la Iglesia Católica es un misterio

El Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Culto, asignó como parte del presupuesto de este año 29.937.900 pesos a Arzobispados, Obispados y Parroquias católicas. Si bien esta información está publicada en la web oficial del Ministerio de Economía, no hay detalles respecto del destino exacto y del monto preciso de esas partidas. Y no hubo respuesta ante un pedido de información formulado para tener esas precisiones y poner en foco una arista más de las complejas relaciones entre el Estado y la Iglesia.

Otros tiempos. Néstor Kirchner y Cristina Fernández en saludo protocolar al cardenal Bergoglio
(foto: Publicaronline.net)

El aporte económico que recibe la Iglesia Católica por parte del Estado nacional parece tratarse de un misterio de fe, y es una discusión que no está en el centro de la escena.

El artículo 2 de la Constitución Nacional establece el sostenimiento del culto católico apostólico romano. Y tal mención en la Carta Magna responde a una reparación a la Iglesia, luego de que en 1822, Martín Rodríguez y Bernardino Rivadavia realizaran una reforma administrativa, lo que llevó a la expropiación de bienes pertenecientes a las órdenes religiosas.

Hoy en día, la ejecución de las partidas de dinero se realiza a través de la Secretaría de Culto, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores. Se trata de una ejecución directa a Obispados, Arzobispados y parroquias, entre otros, y este año fue de 29.937.900 pesos, según consta en el apartado del Presupuesto 2010 del sitio web del Ministerio de Economía. Esas partidas van dirigidas a 122 Arzobispos y Obispos, 1.600 seminaristas y 640 sacerdotes, en base al mismo documento. En 2009 fue de 26.523.746 pesos y para el año próximo se prevé que sea de 31.451.200 pesos.

Vale señalar que durante el gobierno de Carlos Menem el presupuesto asignado a esta área aumentó un 25 por ciento respecto de anteriores gestiones al frente de la Presidencia.

Estas cifras llevan a la pregunta, ¿El Estado sostiene a la Iglesia? Javier Beccuti, coordinador general del Plan Compartir, una asociación integrada por laicos que tiene como misión dar a conocer la necesidad de un sostenimiento integral y permanente de la Iglesia, dependiente del Consejo Económico del Episcopado, señala: “No la sostiene, hace un aporte, hay que ver distintos aspectos. La Iglesia administra fondos del Estado, son partidas que el Estado asigna para determinados temas, que también reciben otros credos. El principal sostén es el fiel”.

Cátedras Abiertas ha solicitado dos pedidos de acceso a la información pública a la Dirección General de Culto Católico y a la Dirección de Arzobispados y Obispados para tener los datos en detalle sobre las partidas giradas a la Iglesia desde el año 2008, las partidas concernientes a contribuciones mensuales a obispos, seminaristas y curas de frontera y la cantidad de órdenes de pasajes destinados a representantes de la Curia en el mismo lapso, pero no hubo respuesta positiva. De los dos pedidos entregados, el dirigido a la Dirección de Arzobispados y Obispados terminó remitido a otra dependencia, por lo cual no llegó nunca a la oficina correspondiente; en tanto que del enviado a Culto Católico no hubo respuesta alguna. Dos empleados de los sectores señalados señalaron que los pedidos los elevan los directores ante el secretario de Culto antes de dar una respuesta, sin embargo lo que no se tuvo en cuenta es que el decreto 1172/03 firmado por el ex presidente Néstor Kirchner garantiza a toda persona física o jurídica el acceso a la información pública.

Respecto a la contribución indirecta (aquella que no se hace desde partidas), la Iglesia –al igual que todos los credos reconocidos por la Secretaría de Culto- está exenta del pago del impuesto inmobiliario por sus propiedades. Sin embargo, cada parroquia debe hacer pago de los servicios básicos como agua, luz, teléfono. Ante esto, Beccuti asevera: “Muchas veces lo que las parroquias reciben no llega a cubrir todos los gastos que tienen, y los sacerdotes tienen que poner dinero de sus propios bolsillos para cubrirlos”.

No obstante, la última dictadura militar lanzó decretos que dieron beneficios a la Iglesia Católica en el país, disposiciones que todavía están vigentes. Por el decreto-ley 21.950, el Estado le concede a arzobispos y obispos un salario mensual equivalente al 80 por ciento de la remuneración de un juez nacional de primera instancia, una paga que para un arzobispo es de aproximadamente 8.200 pesos en la actualidad. Mediante el decreto-ley 21.540 los arzobispos y obispos cuando cesan de sus cargos perciben una remuneración del 70 por ciento del haber jubilatorio de un magistrado, sin haber realizado aportes. Asimismo el clero cuenta con un cupo de pasajes para recorrer el país y el mundo, otorgado por la Cancillería. Estas normas, entre otras, dan cuenta de la estrecha relación que existió entre la dictadura y la Iglesia.

Respecto a las leyes, la señadora del bloque Esperanza Federal, Adriana Bortolozzi (quien hasta hace poco tiempo formó parte del Frente para la Victoria) presentó en el Senado en marzo de este año un proyecto de ley para la eliminación del artículo 33 del Código Civil, respecto al carácter público de la Iglesia. En los fundamentos, Bortolozzi argumenta que “La Iglesia Católica reviste el carácter de una persona jurídica pública de carácter no estatal. Este reconocimiento no se encuentra de manera expresa en la Constitución Nacional”. Y agrega: “La Constitución Argentina mientras garantiza la libertad de culto, le da a la Iglesia Católica una posición hegemónica, con sostén económico exclusivo incluido, que llegó al extremo de reclamar que el Presidente de la Nación fuera un confeso católico como condición constitucional para el cargo. El presente proyecto aspira a la igualdad, lo que conlleva a garantizar la libertad de culto”. Lo cierto es que por ahora, si bien hubo intentos previos, el proyecto no tendrá tratamiento.

En el contexto internacional, Brasil, Uruguay y Chile no sostienen ningún culto. España firmó un acuerdo con la Conferencia Episcopal Española para dar fin a un acuerdo de donación directa del Estado.

Luis Miguel Donatello, sociólogo del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales del CONICET, señala que la relación entre la Iglesia y la sociedad es compleja, y dicha complejidad se da a nivel global. “Lo que pasa en Argentina es propio de un país donde lo nacional se estructuró en torno al catolicismo y donde hoy esa conjunción se ve complejizada por tres grandes fenómenos. Por un lado la gente cada vez más cree por su cuenta y no le presta ningún tipo de atención a las autoridades religiosas; por otro se da un nomadismo religioso, la gente va alternando experiencias religiosas y por último múltiples pertenencias, es decir, ser católico e ir al mismo tiempo a ponerse a estudiar la Kabalah. Todo esto da un escenario complejo”, comenta.

Relaciones complejas. Se dan en torno a la sociedad, se dan en torno al Estado. E intentar poner en el centro de la escena cuánto le cuesta al Estado sostener el culto católico argentina es dar cuenta de otra arista de un vínculo entre dos sectores que tienen sus idas y vueltas.

La urbanización de la Villa 31 está en marcha

A fines de 2009, los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires aprobaron por unanimidad uno de los proyectos más esperados y polémicos, la urbanización de la Villa 31 y 31 bis. La ley 3.343/09 sancionada el 3 de diciembre pasado, disponía un anteproyecto seleccionado, el cual fue el resultado de un trabajo de investigación proyectual urbana iniciado en el año 2002 y que continúa su desarrollo hasta el día de hoy. Se conformó un equipo de trabajo con sede en el Instituto de Especialidad Humana de la Universidad de Buenos Aires, dirigido por el arquitecto Javier Fernández Castro, obteniendo el Primer Premio de Investigación de la III Bienal Iberoamericana de Arquitectura.

La propuesta inicial del proyecto consistía en desarrollar un métedo general para el diseño y gestión socio-espacial del hábitat de la pobreza en Latinoamérica tomando como referencia el éxito que tuvo la Favela en Río de Janeiro.

Para que éstas políticas resulten efectivas, la misma ley propone la Mesa de Gestión y Planeamiento Multidisciplinaria y Participativa para la urbanización, la cual se reúne todos los meses para la aplicación del proyecto, con el asesoramiento de Espacialidad Humana, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, Center on Housing Right and Evictions - una fundación que vela por lo derechos de una vivienda digna - y Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora.

"Hoy estamos realizando un diagnóstico que se está finalizando y en paralelo viendo qué tipos de intervención se tiene que tener en el barrio, guiándonos con el anteproyecto donde establece que hay ciertas zonas y viviendas que van a permanecer. Se harán mejoras de cloacas, electricidad, estructura, etcétera". asegura la diputada Rocío Sánchez Andía, presidenta de la Comisión de Vivienda del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de la Mesa. Se necesitará una apertura de calles y también se piensa en viviendas nuevas para los reubicados. "Los vecinos no van a ser desalojados; de ésta forma, cooperando tanto Nación como Ciudad se trabajará y dará una solución definitiva", enfatiza la diputada.

Allí es donde se presenta el problema: todavía no existe un acuerdo en cuanto a la gestión del proyecto como para arrancar en febrero de 2011, plazo en que según la ley, deberían empezar las obras. "Estamos tratando de determinar quiénes lo van a llevar adelante", asegura el arquitecto Fernández Castro. La villa 31 tiene una complejidad: las tierras donde están asentadas son de dominio del Estado Nacional, y el territorio completo pertenece, en cambio, a la Ciudad de Buenos Aires. "Se está tratando de encontrar una figura de gestión mixta entre Nación y Ciudad, con la participación de éste último como equipo técnico para el desarrollo final y el inicio de la primera etapa de las obras el año que viene".

La mesa por la urbanización que se reúne desde abril, aún no pudo acordar en la gestión, y mucho menos saber cómo se va a manejar el presupuesto. “Todavía no se ha discutido quién va a terminar poniendo el dinero, si el gobierno porteño, si el nacional, si los dos, o pidiendo un préstamo, o un crédito al BID para empezar las obras. En la medida en que se empiece a discutir de dinero van a empezar a surgir las dificultades. Ahí vamos a probar si todos los que dicen tener tan buena voluntad la siguen teniendo y la demuestran”, remató Fernández Castro.

Otra de las dificultades que el arquitecto señaló fue poder erradicar los mitos que habían alrededor del proyecto. “Por su ubicación, siempre se vio al barrio como un obstáculo a otras grandes obras de infraestructura. Lo que estuvimos planteando fue que con la permanencia del barrio esas obras pendientes se podían ejecutar: la continuidad de la autopista Illia, la accesibilidad del ferrocarril al puerto para el tránsito de carga”, señaló el arquitecto.

Si se piensa entonces en los beneficiados, es imposible pasar por alto a los vecinos de Recoleta, a quienes la villa les ha servido de postal por décadas. De acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en América Latina se encuentran 10 de los 15 países con más desigualdad social del planeta, entre los cuales se encuentra Argentina, dato que se puede corroborar con sólo mirar la villa desde la Autopista Illia. "Estoy de acuerdo con la urbanización, ya que por la forma que está creciendo es imposible detenerla", responde Alejandro Gonzáles, un contador cuyo balcón en el décimo quinto piso de la calle Posadas le permitió ser testigo del abrupto crecimiento. "La mejor manera para que se tomen los parámetros necesarios para que limiten las dimensiones de la misma, es la urbanización".

Ver Urbanización Villa 31 y 31 bis en un mapa ampliado

Sigue la incógnita en Parque las Heras

La construcción de las playas de estacionamiento subterráneas en las plazas Emilio Mitre y Noruega avanzan a toda marcha, mientras que en Parque Las Heras la obra se encuentra detenida por un conflicto con los vecinos. Sin embargo, hay voces a favor y en contra de las que siguen su curso normal, pero principalmente, silencio oficial ante la situación en el Parque. Un avance en el siguiente video.



El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sigue con sus políticas de disminución del tránsito en las calles porteñas, por lo que lleva acabo la construcción de nuevas playas de estacionamiento subterráneas en tres lugares diferentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una en la plaza Emilio Mitre, otra en plaza Noruega y la última envuelta en conflictos se ubica en Parque las Heras.

La obra situada en Parque las Heras se encuentra detenida desde el día 03/09/10, ya que la justicia ratificó una medida que obligó al Gobierno de Mauricio Macri a frenar la construcción del estacionamiento subterráneo en el lugar y ordenó que se retiren las vallas perimetrales que hoy rodean buena parte del predio.

En una nota a Clarín, el juzgado considera que al Gobierno le tomará demasiado tiempo resolver las cuestiones objetadas, antes de ser autorizado a reanudar la obra. La orden de detener la construcción se dictaminó porque las autoridades del Gobierno no tomaron las medidas necesarias para preservar el patrimonio arqueológico que habría en el parque –ya que allí existía antiguamente una penitenciaría- y preservar los árboles del lugar, que representa un vasto espacio verde de la zona.

“Se informa que ambas obras cuentan con el certificado de aptitud ambiental otorgados en virtud de las Resoluciones Nº40 y Nº41 emitidos por el organismo competente, la Agencia de Protección Ambiental, y en un todo de acuerdo a las prescripciones de la ley Nº123”, contestación recibida desde el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, luego de haberse realizado un pedido de información sobre estudios de contaminación ambiental y acústica efectuados en los diferentes espacios donde se construyen los estacionamientos, antes de su realización.

María Luisa Penco, vecina de Parque Las Heras, no quiso dar declaración en cámara, pero manifestó estar en desacuerdo con las obras y comentó que por parte del Gobierno de la Ciudad no recibieron ninguna respuesta oficial a sus reclamos. Sin embargo, acudieron a la Justicia, la cual dio curso a los recursos de amparo presentados.

Para comprobar esta situación, enviamos un segundo pedido de información al Gobierno, pero en este caso no obtuvimos respuesta alguna. Además, Diego Santilli, el ministro de Ambiente y Espacio Publico se negó a responder nuestras consultas vía telefónica y por mail, aduciendo falta de tiempo.

El Gobierno de la ciudad intenta mantener informados a los vecinos sobres las acciones que implementan en los barrios y por este motivo crearon tres stands en los espacios donde se encuentran las obras de las playas de estacionamiento subterráneo. Luego del conflicto con los residentes y ante reiteradas críticas y objeciones en Parque Las Heras, se resolvió levantar el stand de campaña, ubicado en la cercanía del lugar.

Sin embargo, pudimos entrevistar a Betiana Rodríguez, informante en el stand de Pueyrredón y Las Heras (plaza Emilio Mitre) ubicado detrás de las obras cercadas. “Las obras empezaron a fines de marzo de este año y está pautado que duren entre 12 y 14 meses. Entrarían 400 autos en dos niveles distintos”, expresó Betiana. La joven tiene como función explicar a los vecinos los beneficios de esta iniciativa y contesta diariamente las consultas que le efectúan sobre los árboles que extrajeron de la plaza y si las personas de las zonas podrán usar el estacionamiento como cochera para sus vehículos.

Distinta es la situación y la preocupación de los vecinos de Parque Las Heras, que temen que con la construcción de estas playas se afecte la arqueología ubicada tierra adentro. Al consultarle sobre esta situación Betiana respondió: “Los vecinos presentaron un recurso de amparo por la tala de árboles y por la penitenciaria abajo del parque y ellos querían cuidarla. Todo lo contrario a lo que pasa en este lugar” (Pueyrredón y Las Heras), a lo que agregó, para tranquilidad de los lindantes: “los árboles que fueron trasplantados los llevaron al Parque 3 de Febrero y luego de que terminen con las obras los volverán a traer”.

Las quejas de los más próximos al Parque Las Heras, se sostienen por si solas: “el Gobierno no realizó un estudio de suelo acorde a lo que podrían encontrar debajo de esas tierras, porque de haberlo hecho, tendrían que haber reubicado la playa subterránea, hay silencio de parte del Gobierno y nadie sabe como continuará esta historia.”, concluye María Luisa Penco. Los vecinos cuidan el patrimonio de su zona pese a un proyecto, que en un futuro cercano podría beneficiarlos.

Google Maps:

Ubicación de las playas de estacionamiento subterráneas


Ver Playas de estacionamiento subterráneas en un mapa más grande

En Vicente López se instaló solo el 15% de las cámaras de seguridad prometidas

El año pasado, el Ejecutivo giró hacia la provincia de Buenos Aires la suma de 70 millones de pesos destinados a un plan de seguridad. A casi dos años del anuncio, el partido inauguró sólo 31 cámaras de 200.



Diferentes sectores de la comunidad reclaman desde hace tiempo la puesta en marcha de mecanismos de control que mejoren el nivel de seguridad en el partido de Vicente López, un distrito que a diferencia de otros municipios, registraba un retraso en la implementación de herramientas tecnológicas que aportaran a la seguridad tan aclamada por los vecinos. A principios de este mes, el Gobernador bonaerense, Daniel Scioli y el Intendente de la zona, Enrique García, inauguraron la instalación de un total de 31 cámaras de seguridad, pero la trascendencia del hecho no logró hacer olvidar el tiempo que se perdió desde que el Municipio recibió los fondos hasta que se puso en marcha el proyecto.


En Marzo de 2009 la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, anunció un plan de seguridad para incrementar los recursos destinados a esa materia en las provincias de Buenos Aires y de Mendoza. El plan incluía, entre otras cosas, la instalación de 5.000 cámaras de vídeo "en los puntos más críticos del conurbano bonaerense, Mar del Plata, Bahía Blanca y el Gran Mendoza" según explicaba la mandataria. Un año y siete meses más tarde, en Vicente López se celebraba la inauguración de 31 cámaras de un plan que aspiraba a habilitar un total de 201 cámaras de seguridad para las 5.000 cuadras que conforman el partido.

Ver Cámaras de Seguridad en el Partido de Vicente Lopez en un mapa ampliado


"El tema de la seguridad es la principal preocupación, aquí y en todo el mundo. Para Vicente López es un hecho muy bueno la instalación del centro de monitoreo, aunque aún falten 170 cámaras más", expresó a Cátedras Abiertas Carlos Giménez, concejal del Frente Comunal-UCR aliado al Gobierno, el día en que la Municipalidad festejaba la puesta en marcha del plan de seguridad. " Yo hago hincapié en que la seguridad sigue dependiendo de la provincia de Buenos Aires, pero los municipios se tienen que comprometer, en duda, en este aspecto porque el tema es tan delicado que superan lo que es la provincia", definió el funcionario.

Meses atrás el propio Giménez se enfrentaba cuerpo a cuerpo con un delicuente: "A mí me tocó vivirlo en carne propia, y una cosa es vivirlo en forma personal y otra que te lo cuenten. Me agarró un tipo y me apuntó con un revolver. Zafé, pero si hubiera habido una cámara hubiese sido mejor". De todas formas, remarcó que "no se puede poner una cámara en todas las esquinas", por la cantidad de cuadras que hay en el municipio.

El 21 de Septiembre de 2009, el Ejecutivo giró hacia la provincia de Buenos Aires la suma de 70 millones de pesos. A casi dos años del anuncio de la Presidenta y uno de recibir el dinero, el partido lleva puesto en marcha sólo el 15% de lo prometido

Consultado por el tiempo que se tomaron para inaugurarlas, y teniendo en cuenta que la primera en ser instalada fue en la esquina de la Municipalidad, en la intersección de las Calles Ricardo Gutiérrez y Av. Maipu, Gimémez respondió a Cátedras Abiertas: "Por distintos factores que yo no los puedo decir, porque no estoy en la comisión de seguridad, los factores no los sé. Esto comienza hoy, peor sería que no comenzara. Es un puntapié inicial, un punto de partida para tener un mejor control de la seguridad"

Por su parte, el subcomisario Cristian Mora, aseguró en diálogo con Cátedras Abiertas que a futuro contarán con 20 móviles más. "En total, vamos a tener 27 móviles al servicio de la sociedad, que viene muy bien porque esta jurisdicción, policialmente esta dividida en 20 cuadrículas. Si contamos con 20 unidades más, vamos a tener dos móviles por cuadrícula; y siete móviles más que los podemos destinar a recorridas bancarias y centros comerciales".

El plan prometía el envío de 400 millones de pesos para la instalación de cámaras. equipamiento de patrullas con monitoreo de GPS y celulares para una red de cuidadanos, para que contribuyan en la tarea de alertar a las fuerzas de seguridad. Pese a toda la inversión en tecnología, el consejal Giménez concluyó que "lo más importante es la exclusión social, la marginación que hay en Argentina y en América Latina, porque por más cámaras que haya, no es una solución definitiva".

Cómo funciona el Centro de Operaciones Municipal

"Muchas veces pasa que cuando llega el móvil, el ilícito ya está consumado. Ahora, con las cámaras, se logra que mientras el móvil se dirige al lugar del hecho, desde la central de monitoreo avisan hacia dónde se dirigen los delincuentes, y en qué vehículo se desplazan, si van en moto, auto, y detalles como la patente, señas particulares del vehículo, ya sea, el color o si tiene una óptica rota. O sea, el móvil no va al lugar del hecho, sino hacia donde se dirigen los delincuentes", explicó el subcomisario Cristian Mora.

En el Centro, ubicado en Dorrego 1766, se coordinarán las llamadas de emergencias médicas (107) y Defensa Cívil (103) y las correspondientes al 911, a cargo de personal policial. En un primer momento, el Centro estará manejado por tres operadores y un supervisor por turno, con atención las 24 horas todos los días a través de los teléfonos 4711-2935 y 2936.

Hasta el momento, el partido cuenta con siete móviles equipados con GPS, que estarán a cargo de un oficial retirado y uno activo: "O sea que contamos con otro móvil policial, que también se va a dirigir al lugar. De forma conjunta, vamos a tratar de hacer un esfuerzo para que no se cometan tantos ilícitos en el partido de Vicente López", reflexionó el agente.