Otros tiempos. Néstor Kirchner y Cristina Fernández en saludo protocolar al cardenal Bergoglio
(foto: Publicaronline.net)
El aporte económico que recibe la Iglesia Católica por parte del Estado nacional parece tratarse de un misterio de fe, y es una discusión que no está en el centro de la escena.
El artículo 2 de la Constitución Nacional establece el sostenimiento del culto católico apostólico romano. Y tal mención en la Carta Magna responde a una reparación a la Iglesia, luego de que en 1822, Martín Rodríguez y Bernardino Rivadavia realizaran una reforma administrativa, lo que llevó a la expropiación de bienes pertenecientes a las órdenes religiosas.
Hoy en día, la ejecución de las partidas de dinero se realiza a través de la Secretaría de Culto, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores. Se trata de una ejecución directa a Obispados, Arzobispados y parroquias, entre otros, y este año fue de 29.937.900 pesos, según consta en el apartado del Presupuesto 2010 del sitio web del Ministerio de Economía. Esas partidas van dirigidas a 122 Arzobispos y Obispos, 1.600 seminaristas y 640 sacerdotes, en base al mismo documento. En 2009 fue de 26.523.746 pesos y para el año próximo se prevé que sea de 31.451.200 pesos.
Vale señalar que durante el gobierno de Carlos Menem el presupuesto asignado a esta área aumentó un 25 por ciento respecto de anteriores gestiones al frente de la Presidencia.
Estas cifras llevan a la pregunta, ¿El Estado sostiene a la Iglesia? Javier Beccuti, coordinador general del Plan Compartir, una asociación integrada por laicos que tiene como misión dar a conocer la necesidad de un sostenimiento integral y permanente de la Iglesia, dependiente del Consejo Económico del Episcopado, señala: “No la sostiene, hace un aporte, hay que ver distintos aspectos. La Iglesia administra fondos del Estado, son partidas que el Estado asigna para determinados temas, que también reciben otros credos. El principal sostén es el fiel”.
Cátedras Abiertas ha solicitado dos pedidos de acceso a la información pública a la Dirección General de Culto Católico y a la Dirección de Arzobispados y Obispados para tener los datos en detalle sobre las partidas giradas a la Iglesia desde el año 2008, las partidas concernientes a contribuciones mensuales a obispos, seminaristas y curas de frontera y la cantidad de órdenes de pasajes destinados a representantes de la Curia en el mismo lapso, pero no hubo respuesta positiva. De los dos pedidos entregados, el dirigido a la Dirección de Arzobispados y Obispados terminó remitido a otra dependencia, por lo cual no llegó nunca a la oficina correspondiente; en tanto que del enviado a Culto Católico no hubo respuesta alguna. Dos empleados de los sectores señalados señalaron que los pedidos los elevan los directores ante el secretario de Culto antes de dar una respuesta, sin embargo lo que no se tuvo en cuenta es que el decreto 1172/03 firmado por el ex presidente Néstor Kirchner garantiza a toda persona física o jurídica el acceso a la información pública.
Respecto a la contribución indirecta (aquella que no se hace desde partidas), la Iglesia –al igual que todos los credos reconocidos por la Secretaría de Culto- está exenta del pago del impuesto inmobiliario por sus propiedades. Sin embargo, cada parroquia debe hacer pago de los servicios básicos como agua, luz, teléfono. Ante esto, Beccuti asevera: “Muchas veces lo que las parroquias reciben no llega a cubrir todos los gastos que tienen, y los sacerdotes tienen que poner dinero de sus propios bolsillos para cubrirlos”.
No obstante, la última dictadura militar lanzó decretos que dieron beneficios a la Iglesia Católica en el país, disposiciones que todavía están vigentes. Por el decreto-ley 21.950, el Estado le concede a arzobispos y obispos un salario mensual equivalente al 80 por ciento de la remuneración de un juez nacional de primera instancia, una paga que para un arzobispo es de aproximadamente 8.200 pesos en la actualidad. Mediante el decreto-ley 21.540 los arzobispos y obispos cuando cesan de sus cargos perciben una remuneración del 70 por ciento del haber jubilatorio de un magistrado, sin haber realizado aportes. Asimismo el clero cuenta con un cupo de pasajes para recorrer el país y el mundo, otorgado por la Cancillería. Estas normas, entre otras, dan cuenta de la estrecha relación que existió entre la dictadura y la Iglesia.
Respecto a las leyes, la señadora del bloque Esperanza Federal, Adriana Bortolozzi (quien hasta hace poco tiempo formó parte del Frente para la Victoria) presentó en el Senado en marzo de este año un proyecto de ley para la eliminación del artículo 33 del Código Civil, respecto al carácter público de la Iglesia. En los fundamentos, Bortolozzi argumenta que “La Iglesia Católica reviste el carácter de una persona jurídica pública de carácter no estatal. Este reconocimiento no se encuentra de manera expresa en la Constitución Nacional”. Y agrega: “La Constitución Argentina mientras garantiza la libertad de culto, le da a la Iglesia Católica una posición hegemónica, con sostén económico exclusivo incluido, que llegó al extremo de reclamar que el Presidente de la Nación fuera un confeso católico como condición constitucional para el cargo. El presente proyecto aspira a la igualdad, lo que conlleva a garantizar la libertad de culto”. Lo cierto es que por ahora, si bien hubo intentos previos, el proyecto no tendrá tratamiento.
En el contexto internacional, Brasil, Uruguay y Chile no sostienen ningún culto. España firmó un acuerdo con la Conferencia Episcopal Española para dar fin a un acuerdo de donación directa del Estado.
Luis Miguel Donatello, sociólogo del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales del CONICET, señala que la relación entre la Iglesia y la sociedad es compleja, y dicha complejidad se da a nivel global. “Lo que pasa en Argentina es propio de un país donde lo nacional se estructuró en torno al catolicismo y donde hoy esa conjunción se ve complejizada por tres grandes fenómenos. Por un lado la gente cada vez más cree por su cuenta y no le presta ningún tipo de atención a las autoridades religiosas; por otro se da un nomadismo religioso, la gente va alternando experiencias religiosas y por último múltiples pertenencias, es decir, ser católico e ir al mismo tiempo a ponerse a estudiar la Kabalah. Todo esto da un escenario complejo”, comenta.
Relaciones complejas. Se dan en torno a la sociedad, se dan en torno al Estado. E intentar poner en el centro de la escena cuánto le cuesta al Estado sostener el culto católico argentina es dar cuenta de otra arista de un vínculo entre dos sectores que tienen sus idas y vueltas.
En honor a la verdad, hay un pequeño pero importante error. El decreto sancionado durante el gobierno del Presidente Kirchner no es Ley, por lo que su ámbito de aplicación rige sólo para el Poder Ejecutivo y sus dependencias administrativas, pero no para toda la repartición pública. Mucho menos para la Iglesia Católica desde que el art. 33 del Código Civil Argentino la consagra persona pública NO ESTATAL. Igualmente, la garantía del libre acceso a la información pública la comprende en tanto que se administra con fondos que son públicos. Pero sucede que, al no existir una norma legal a nivel nacional y provincial que comprenda a todos los que reciben dineros del aerario público, nos encontramos con que queda, en definitiva, librado a la discreción de los poderes de turno. Es por eso que quejarse está bien, pero mejor es tratar de propulsar herramientas concretas para lograr que el acceso a una información verídica, oportuna y rápida en cuestiones que nos competen a todos sea una realidad. La solución esta en LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
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