El papel del kirchnerismo en la entrega del petróleo de Malvinas

Se profundiza la avanzada de Gran Bretaña sobre las islas como consecuencia de la ley de Límites de Tierra del Fuego y del Fideicomiso Austral. El vínculo del gobierno nacional con las empresas petroleras que operan en Malvinas. Video.

“Se debe poner fin a una ya vergonzosa, además de anacrónica e ilegal, situación colonial”. Con estas palabras el flamante canciller Héctor Timerman presentó ante el Comité de Descolonización de la ONU el rutinario reclamo por la soberanía de las Malvinas que todos los años la Argentina expone ante el organismo internacional. Sin embargo, la política exterior sostenida por el kirchnerismo durante su gestión de gobierno contradice abiertamente el tono nacionalista del discurso del ex embajador en los Estados Unidos. Como si se estuviera operando en sincronía con los intereses británicos en la región, el gobierno nacional ha dictado recientemente dos medidas que consolidan la posición del Reino Unido en el formidable negocio de la explotación de petróleo en las Islas Malvinas.

A fines del año pasado fue sancionada por el Congreso la Ley 26.552 de Fijación de Límites de la provincia de Tierra del Fuego. A través de la misma, la provincia más austral de la Argentina se convirtió en la más extensa al incorporar a su territorio todas las islas del Atlántico Sur y la Antártida hasta el Polo Sur. La otra medida fue la creación, en el mes de abril, del Fideicomiso Austral, impulsado por el ministro de Planificación, Julio De Vido, y por la gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos. Mediante este acuerdo el ministro le cede a dicha provincia “el 50% de las regalías petroleras que le correspondían a la Nación en toda la plataforma continental austral. Y en el que se estipula expresamente que el acuerdo incluye las aguas en disputa por el conflicto de Malvinas, que actualmente se encuentran bajo dominio inglés”, explica el investigador argentino Javier Llorens en su informe publicado el mes de junio. Félix Herrero, integrante de Proyecto Sur, afirmó que “la única soberana sobre las islas es la Nación. Somos un país federal, donde hay autonomía descentralizada de las provincias pero que no son soberanas. Lo que hace el kirchnerismo de cederle las regalías de la explotación marítima que son de la nación a las provincias es robarle a Corrientes, a Chaco y a Mendoza que son dueñas del Mar argentino en las mismas condiciones que Tierra del Fuego. Es un robo, es un fideicomiso ilegitimo que tiene que ser investigado y sus funcionarios tienen que ser denunciados por el mal ejercicio de la función pública”.

De esta forma, a partir de la articulación de estas medidas enmarcadas, además, en las facultades otorgadas por la reforma constitucional de 1994 con respecto a los recursos naturales, el conflicto por la soberanía de las islas Malvinas se ha "provincializado". Así, al mismo tiempo de estar autorizada de celebrar convenios de explotación petrolera en la cuenca Austral off shore -zona en disputa-, la provincia de Tierra del Fuego será la encargada de asumir la discusión por la soberanía de aquel territorio, transformando el conflicto geopolítico más importante de la región en una disputa intermunicipal, entre la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur y su minicipio Malvinas.

La relación del gobierno con las empresas petroleras que operan en Malvinas

En septiembre de 2009 el banco inglés Barclays Bank adquirió el 4,45% de las acciones de Desire Petroleum, convirtiéndose de esa forma en su principal accionista institucional. Esta petrolera británica, que fue la encargada de contratar la plataforma Ocean Guardian, es unas de las más importantes que operan en Malvinas. A inicios de este año el ministro de Economía, Amado Boudou, designó al Barclays como coordinador global para la reapertura del canje de deuda, incurriendo en un gravísimo atentado al mandato de la Constitución. “No puede ser que el mismo accionista principal de la empresa Desire Petroleum sea el mismo banco que maneja el canje de la deuda argentina. Es un disparate total”, aseguró el ex diputa Mario Cafiero. Y lo es. Las medidas asumidas por el gobierno en el conflicto por la soberanía de las Malvinas son abiertamente contradictorias con su propio discurso. En lugar de avanzar en una estrategia regional y con medidas contundentes, se sigue vulnerando y humillando el legítimo derecho de todos los argentinos.