Respuestas absurdas, premiosas o no-respuestas son las que se pueden encontrar en diferentes áreas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cuando se solicita una información que debería ser de acceso público, aún cuando la Ley N104 aprobada hace 11 años por la Legislatura porteña establece que todos los ciudadanos tienen derecho a la información vinculada con las tareas de la administración.
La restauración del Teatro Colón comenzó en 2003, pero en 2007 las obras se comenzaron a entorpecer por causas aún no esclarecidas, vinculadas con los contratos realizados y una falta de financiamiento, hasta que se paralizaron por completo. Hace poco más de un mes, el ministro de Desarrollo Urbano porteño, Daniel Chain, e integrantes del equipo técnico de restauración del edificio organizaron una recorrida por las obras para la prensa, con el fin de demostrar su creciente aceleración del trabajo y se dijo que el Teatro reabriría sus puertas en 2010, pero nunca se terminó de explicar el origen del largo y aún inconcluso proceso de refacción que dejó a los argentinos sin su mítico Teatro por más de 6 años.
Este trabajo se proponía investigar el trasfondo de tal situación por lo que el primer paso era ir al Ministerio de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Buenos Aires, el organismo que gestiona tales remodelaciones, a buscar la información.
Al final de un pasillo largo y oscuro se encuentra la Mesa de Entrada del Ministerio, allí se entrega la carta de solicitud de información que según estipula la Ley N104 en el plazo de 10 días hábiles debe ser brindada.
Diez días más tarde comenzó el verdadero trabajo de campo. Nuevamente el largo y oscuro pasillo debía ser transitado, y esta vez en Mesa de Entrada estaba una amable mujer quien creyó que la información ya estaba recopilada y que sólo debía ser autorizada, entonces sugirió contactarse por teléfono para indagar sobre el destino de dicha información.
Luego de varias llamadas, el Jefe de Mesa de Entrada del Ministerio, un tal Carlos (que no quiso revelar su apellido) y al que se le preguntó insistentemente sobre el asunto en cuestión, declaró en diferentes ocasiones: "Por un trabajo de la facultad no tiene injerencia que invoques la Ley N104, además la Ley es según quien la interpreta, porque hay cosas que la gente no tiene por qué saberlas". No conforme con sus palabras, recalcó: "Estás perdiendo el tiempo, esas cosas no las vas a tener nunca", y siguió: "Olvídate de la Ley, la Ley no es para vos, es para quienes son parte" y concluyó: "La Ley N104 no es para los ciudadanos".
Luego de este tipo de respuestas era necesario franquear la Mesa de Entrada y como ningún funcionario del Ministerio estaba disponible para atender llamados, la opción era hablar con la gente que había tratado esa ley. Como el Vicepresidente Primero de la Legislatura Porteña, Diego Santilli, no estaba en su oficina, tomó la palabra su vocera, Karina Serafino quién expresó que desde la Legislatura no podían declarar nada, ni dar ningún tipo de respuesta porque ellos sancionaron la Ley pero no son quiénes la ejecutan.
Al no obtener una respuesta oficial a la negativa de brindar la información requerida, se consultó al departamento de Prensa del Ministerio de Desarrollo Urbano, en busca de alguna explicación, pero sólo se respondió: “Nosotros no estamos dando esa información porque deberíamos dedicar dos horas diarias a satisfacer las necesidades informativas de las universidades y escuelas de periodismo, por eso, es simplemente una cuestión de tiempo porque los funcionarios están avocados a demasiados asuntos como para dedicarse a eso”.
Finalmente, obtener una respuesta coherente con lo pedido no parecía ser una posibilidad, al menos en esta área del Gobierno de la Ciudad, y queda así en evidencia que la Ley que supuestamente garantiza el acceso a la información para todos los ciudadanos, es inflingida por los mismos funcionarios que representarían a esa población. Entonces, como la crónica de una muerte anunciada, este artículo es el fiel retrato de una búsqueda fallida dentro de una institución comandada por empleados que ni siquiera respetan las leyes que ellos mismos establecen.
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