Andrés D´Alessandro, Director Ejecutivo del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y corresponsal de Los Angeles Times hasta el cierre de la sucursal de Buenos Aires. En su oficina repaso su posición frente al proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la situación de la libertad de expresión en la Argentina.
¿FOPEA hiso algún aporte al debate de la ley?
Una vez que la ley fue presentada, en el Teatro Argentino de La Plata, por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, lo que hicimos dentro de FOPEA fue iniciar una ronda de consultas. Primero armamos reuniones con expertos y luego con cada uno de los socios, en este momento somos 270. Solo desde una perspectiva del periodismo, porque decidimos no meternos con aspectos más técnicos, o si se quiere más jurídicos o políticos porque escapa a nuestro entendimiento.
¿Cuál fue el resultado de esa ronda de consultas?
Elaboramos un documento en el cual propusimos una serie de puntos, que según nuestra visión ayudan a mejorar algunos aspectos de la ley. La única conciliación política que hicimos es que es necesaria una nueva ley y que este debate no tiene que estar condicionado por plazos perentorios. No debe estar condicionada por una discusión en relación a la legitimidad o no del Congreso para sancionar una ley. Nosotros creemos que la ley se tiene que dar cuando se tenga que dar y con la mayor amplitud y consenso posible.
¿Qué sería necesario incluir en la ley?
Nosotros reclamamos que cada estructura que se haga cargo de un canal, a su vez arme un equipo de producción periodística que tenga noticieros. Que sea una obligación ofrecer noticieros para los canales, obviamente no para todos pero sí para los grandes. Después que ese noticiero o estructura informativa tenga un código de ética, parámetros de calidad profesional y que también respete lo que marca el estatuto del periodista.
¿Qué posibilidad hay que esto suceda?
No hay mucho margen para el disenso, para el consenso, para el diálogo o para la búsqueda de acuerdos. Eso no es positivo pensando en lo que puede pasar de ahora en más con la estructura de la propiedad de los medios en la Argentina. Hay que analizar eso, hay que estar muy atentos. Yo no creo que haya que condenar una estructura legal desde el vamos, pero si hay que estar muy atentos a ver cómo se desenvuelve porque hay juristas y constitucionalistas que dicen que hay muchas cosas que tiene la ley que son de difícil aplicabilidad.
¿Por ejemplo?
Si nos guiamos por lo que nos propone conceptualmente la ley tiene que ver con una mayor diversidad, la diversidad me refiero no solo a las fuentes sino a que toda la sociedad se vea representada. La ley propone que esto sea a través del sistema de tercios, de sumar a las organizaciones de la sociedad civil que junto a los medios públicos y privados, tengan un tercio del espectro radiofónico, radioeléctrico, audiovisual.
¿Y esto lo ven viable?
Yo no sé si ese es exactamente el método de darle mayor diversidad a la pantalla o a la radio, porque uno también tiene que tratar de analizar cuál es el contexto o cuáles son los antecedentes de un gobierno en el control de ese espacio radiofónico e informativo. Si uno toma en cuenta lo que pasa en Santa Cruz, los medios santacruceños no presentan una gran diversidad de fuentes. Desde lo conceptual puede ser que esté muy bien planteado pero volvemos a la aplicabilidad de la ley. De lo conceptual estamos de acuerdo, la ley tiene que tender a la pluralidad pero me parece que no solo dividiendo el espectro de esa forma es que se logra la diversidad lo que hay que hacer es garantizar que haya calidad informativa y ética periodística.
¿Cómo se encuentra la Argentina en el marco de la libertad de expresión?
En el país se da mucho lo que se denominan violaciones indirectas a la libertad de expresión, presiones más sutiles como lo de la publicidad oficial. En el interior hay muy pocos anunciantes privados entonces se depende mucho de la pauta oficial. Si esta está manejada por el gobernador o los amigos del gobernador que se fijan en el contenido del medio para ver si le adjudican o no la publicidad, nunca es totalmente libre el periodismo porque siempre hay intereses que están mezclados.
¿Esto sucede en alguna región en particular?
Especialmente en el conurbano, sino en el país hay zonas donde grandes empresas actúan como estados paralelos por ejemplo las mineras en San Juan, La Rioja, Catamarca, por ejemplo la industria petroquímica, petrolera y pesquera. Estas empresas actúan así porque son grandes anunciantes de esos medios locales.
¿FOPEA hiso algún aporte al debate de la ley?
Una vez que la ley fue presentada, en el Teatro Argentino de La Plata, por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, lo que hicimos dentro de FOPEA fue iniciar una ronda de consultas. Primero armamos reuniones con expertos y luego con cada uno de los socios, en este momento somos 270. Solo desde una perspectiva del periodismo, porque decidimos no meternos con aspectos más técnicos, o si se quiere más jurídicos o políticos porque escapa a nuestro entendimiento.
¿Cuál fue el resultado de esa ronda de consultas?
Elaboramos un documento en el cual propusimos una serie de puntos, que según nuestra visión ayudan a mejorar algunos aspectos de la ley. La única conciliación política que hicimos es que es necesaria una nueva ley y que este debate no tiene que estar condicionado por plazos perentorios. No debe estar condicionada por una discusión en relación a la legitimidad o no del Congreso para sancionar una ley. Nosotros creemos que la ley se tiene que dar cuando se tenga que dar y con la mayor amplitud y consenso posible.
¿Qué sería necesario incluir en la ley?
Nosotros reclamamos que cada estructura que se haga cargo de un canal, a su vez arme un equipo de producción periodística que tenga noticieros. Que sea una obligación ofrecer noticieros para los canales, obviamente no para todos pero sí para los grandes. Después que ese noticiero o estructura informativa tenga un código de ética, parámetros de calidad profesional y que también respete lo que marca el estatuto del periodista.
¿Qué posibilidad hay que esto suceda?
No hay mucho margen para el disenso, para el consenso, para el diálogo o para la búsqueda de acuerdos. Eso no es positivo pensando en lo que puede pasar de ahora en más con la estructura de la propiedad de los medios en la Argentina. Hay que analizar eso, hay que estar muy atentos. Yo no creo que haya que condenar una estructura legal desde el vamos, pero si hay que estar muy atentos a ver cómo se desenvuelve porque hay juristas y constitucionalistas que dicen que hay muchas cosas que tiene la ley que son de difícil aplicabilidad.
¿Por ejemplo?
Si nos guiamos por lo que nos propone conceptualmente la ley tiene que ver con una mayor diversidad, la diversidad me refiero no solo a las fuentes sino a que toda la sociedad se vea representada. La ley propone que esto sea a través del sistema de tercios, de sumar a las organizaciones de la sociedad civil que junto a los medios públicos y privados, tengan un tercio del espectro radiofónico, radioeléctrico, audiovisual.
¿Y esto lo ven viable?
Yo no sé si ese es exactamente el método de darle mayor diversidad a la pantalla o a la radio, porque uno también tiene que tratar de analizar cuál es el contexto o cuáles son los antecedentes de un gobierno en el control de ese espacio radiofónico e informativo. Si uno toma en cuenta lo que pasa en Santa Cruz, los medios santacruceños no presentan una gran diversidad de fuentes. Desde lo conceptual puede ser que esté muy bien planteado pero volvemos a la aplicabilidad de la ley. De lo conceptual estamos de acuerdo, la ley tiene que tender a la pluralidad pero me parece que no solo dividiendo el espectro de esa forma es que se logra la diversidad lo que hay que hacer es garantizar que haya calidad informativa y ética periodística.
¿Cómo se encuentra la Argentina en el marco de la libertad de expresión?
En el país se da mucho lo que se denominan violaciones indirectas a la libertad de expresión, presiones más sutiles como lo de la publicidad oficial. En el interior hay muy pocos anunciantes privados entonces se depende mucho de la pauta oficial. Si esta está manejada por el gobernador o los amigos del gobernador que se fijan en el contenido del medio para ver si le adjudican o no la publicidad, nunca es totalmente libre el periodismo porque siempre hay intereses que están mezclados.
¿Esto sucede en alguna región en particular?
Especialmente en el conurbano, sino en el país hay zonas donde grandes empresas actúan como estados paralelos por ejemplo las mineras en San Juan, La Rioja, Catamarca, por ejemplo la industria petroquímica, petrolera y pesquera. Estas empresas actúan así porque son grandes anunciantes de esos medios locales.
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